Un escándalo en Resistencia, Chaco, se desató cuando Gabriela Casa, una abogada que trabaja en la Defensoría Oficial y que había denunciado irregularidades en casos de maltrato laboral, fue internada por la fuerza en el Hospital Perrando. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en su hogar y la trasladaron al área de Salud Mental bajo el "protocolo de internación involuntaria", que se aplica según la Ley de Salud Mental modificada dentro de la Ley Bases. Videos del operativo se viralizaron, generando una fuerte controversia sobre la legalidad del procedimiento.
El abogado de Casa, Alejandro La Regina, denunció que no hubo ninguna autorización válida para llevar a cabo el operativo, mientras que las autoridades del hospital señalaron que Casa estaba siendo tratada por problemas de salud mental desde hace tres años. Casa había tomado varias licencias médicas debido al estrés provocado por las irregularidades denunciadas, pero se encontraba en un estado ambulatorio. La directora del hospital afirmó que su alta médica dependerá de una evaluación conjunta con la Justicia.
El 7 de octubre, en un operativo violento, las fuerzas de seguridad derribaron la reja y la puerta de la casa de Casa para llevarla al hospital. En videos, se puede escuchar a la abogada relatar que había sufrido otras internaciones involuntarias sin representación legal y bajo condiciones cuestionables. Según su testimonio, había sido medicada sin su consentimiento en el pasado, lo que aumentó las sospechas sobre la legitimidad de su reciente traslado.
Mientras las autoridades defienden la legalidad del procedimiento, afirmando que se cumplió con el protocolo de salud pública, tanto Casa como su abogado sostienen que fue un acto arbitrario y sin justificación clara. La defensora oficial Alicia Alcalá, quien fue señalada como una de las responsables, negó haber solicitado la orden de internación, aunque admitió haber activado el protocolo. La investigación sobre el caso sigue abierta, y los policías involucrados en el operativo serán investigados.
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